En enero de 2008 se cumplió el plazo, fijado en los acuerdos del TLCAN, para que los productos agropecuarios quedaran completamente libres de gravámenes y aranceles, y con ello desaparecieron las fronteras para esos productos. Ello colocó en el centro del debate nacional al campo mexicano, tema tradicionalmente pospuesto y relegado de la agenda de los grandes temas nacionales.

Durante muchos años, inclusive antes de que entrara en vigor el TLCAN, el sector agropecuario y en consecuencia la producción de alimentos en el país, perdió importancia en la lista de prioridades gubernamentales. En diversos momentos se argumentó que debido al diferencial de precios entre el mercado internacional y el nacional, resultaba preferible importar que fomentar la producción agrícola del país. De esa manera y tomando en cuenta solamente criterios de mercado, el Estado renunció al compromiso de impulsar la producción agropecuaria.

El reciente aumento de los precios de las materias primas agrícolas en los mercados internacionales, ha sido considerado como un factor que contribuirá al mejoramiento de la producción nacional, seguramente algunos productores y cultivos reaccionarán ante ese incentivo, para otros, probablemente la mayoría, no será suficiente.

Sin duda, llama la atención que en el país la política agropecuaria esté condicionada por factores de mercado, y que se esperen cambios en el volumen de la producción agrícola total a partir de esos factores, en un sector con años de atraso y debilidad. Más aún cuando la experiencia internacional muestra que el sector productor de alimentos cuenta con recursos y políticas públicas de apoyo y fomento que buscan garantizar la autosuficiencia alimentaria en una gran cantidad de países.
Economía Informa, con este número, busca contribuir al análisis y debate del campo mexicano.

Roberto I. Escalante Semerena y Horacio Catalán, “Situación actual del sector agropecuario en México: perspectivas y retos”, analizan la problemática del campo mexicano en el mediano plazo; pues el continuo proceso de urbanización, la globalización y las nuevas transformaciones demográficas han configurado un nuevo entorno para el sector agropecuario. Por ello, los autores enumeran las principales transformaciones que enfrenta dicho sector, en un nuevo entorno caracterizado por cambios tecnológicos, nuevos cultivos, nuevos métodos de comercialización e inserción al mercado mundial, el surgimiento de nuevos esquemas de desarrollo rural, e incluso, una mayor heterogeneidad entre las unidades productoras, donde las pequeñas empresas no cuentan con las condiciones para competir y lograr una óptima actualización. Bajo este nuevo entorno, el sector agropecuario mexicano ha generado mayor polarización productiva, es decir, algunos cultivos muestran un mayor dinamismo, sujeto a la demanda internacional; en contraste, en otros, se registra un descenso significativo, que de no modificarse, comprometerá la seguridad alimentaría de México.

Antonio Gazol Sánchez, “Sobre la renegociación de la agricultura en el TLCAN”, señala que en 2008 se cumple el plazo previsto en el TLCAN para que el maíz, el frijol y la leche en polvo procedentes de Canadá o de Estados Unidos puedan ingresar a nuestro país sin restricciones. A partir de la misma fecha, el comercio de azúcar de caña producido en la región de América del Norte está libre de barreras. La liberalización aludida se ha convertido en el sustento de la solicitud-exigencia de varias organizaciones sociales e importantes grupos políticos, de la urgencia de renegociar el TLCAN, en especial su capítulo agropecuario. Sin embargo, no puede ni debe soslayarse que el TLCAN no es un fenómeno aislado, pues se inscribe en el marco conceptual de una política económica específica, y que en tanto ésta no cambie en lo esencial, lo de la renegociación no deja de ser una manera de tener entretenida a la gente sin que se ocupe de lo fundamental. Al respecto sugiere que lo que debe hacerse en el ámbito local es que el gobierno mexicano escuche y atienda a la sociedad en la definición y puesta en marcha de una política de desarrollo rural integral que tenga como objetivo central pagar aquella vieja deuda con el sector primario.

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